El término “operaciones en corto” en el sector inmobiliario describe aquellas transacciones donde la entrega de llaves se retrasa tras la firma. En estos casos, el comprador asume la titularidad sin acceso físico inmediato, lo que exige un análisis profundo de cada inmueble y un planteamiento estratégico que permita optimizar el rendimiento de la inversión.
La venta de inmuebles sin posesión consiste en la transmisión de derechos y obligaciones de una propiedad, sin que el comprador obtenga las llaves al cierre de la operación. A nivel jurídico, el contrato recoge esta circunstancia y establece plazos y responsabilidades sobre la recuperación de la posesión, lo que implica un proceso diferido de desalojo o entrega voluntaria.
Este modelo surgió tras la crisis de 2008, cuando las entidades financieras quedaron con un elevado stock de propiedades adjudicadas. Conscientes de la necesidad de liquidar activos, los bancos comenzaron a ofrecer inmuebles sin posesión a precios muy inferiores al mercado, convirtiendo estas transacciones en una opción atractiva para profesionales y particulares con tolerancia al riesgo.
Actualmente, las plataformas especializadas presentan cientos de propiedades sin posesión, con descuentos medios que oscilan entre el 30% y el 50% respecto al valor de mercado. Proyectos como el de Hipoges han sacado a licitación más de 1.800 inmuebles valorados en 180 millones de euros, atrayendo a inversores en busca de activos con alta rentabilidad potencial.
La falta de entrega inmediata genera un nicho muy particular donde el potencial de rentabilidad elevado compensa el tiempo y recursos necesarios para lograr la posesión. Es esencial comparar precios, plazos de desalojo y cargas registrales antes de tomar una decisión.
Este tipo de operaciones no son ideales para compradores residenciales tradicionales. Atraen a inversores con capacidad para asumir riesgos y conocimientos del mercado. Profesionales inmobiliarios, fondos de inversión y pequeños ahorradores con visión a largo plazo pueden sacar partido. Contar con un apoyo de asesores especializados garantiza una evaluación precisa de cada expediente y facilita la toma de decisiones.
Además, la transparencia y seguridad jurídica resultan esenciales: todos los datos deben estar disponibles y claros para evitar sorpresas en el proceso de desalojo o reclamaciones posteriores.
La compraventa se realiza mediante presentación de ofertas sobre inmuebles publicados, sin visitas previas. Los interesados valoran la documentación registral, cargas y plazos estimados de desalojo. Una vez aceptada la propuesta, se firma el contrato de compraventa y se deposita la señal correspondiente. Posteriormente, el comprador inicia las gestiones para recuperar la posesión tras escriturar la propiedad.
Es fundamental contar con un plan de acción que incluya presupuesto para posibles renovaciones, asesoramiento legal y calendarización de plazos.
La operación de compraventa sin posesión está amparada por el artículo 1255 del Código Civil, que permite pactar condiciones entre las partes siempre que no vulneren la ley. La falta de entrega física, debidamente comunicada y aceptada, no invalida el contrato. Sin embargo, es necesario informar expresamente al comprador sobre plazos y posibles complicaciones para que la operación sea plenamente válida.
El cumplimiento de las formalidades y la descripción detallada en la escritura pública refuerza la seguridad jurídica y reduce contingencias futuras.
Para recuperar la posesión existen diversas vías. En primer lugar, se puede recurrir a la mediación extrajudicial extremadamente efectiva, que busca acuerdos amistosos con ocupantes a cambio de ayudas económicas o condonaciones de deudas. Esta vía, rápida y menos costosa, requiere un enfoque transparente y respetuoso.
Si no fuera posible, se inicia el proceso judicial de desahucio según la legislación vigente. También es recomendable elaborar informes ocupacionales previos que evalúen tiempo estimado de recuperación y gastos involucrados.
Antes de lanzarse a una inversión en inmuebles sin posesión, se recomienda contar con un equipo multidisciplinar: abogado especializado en desahucios, economista que analice la viabilidad financiera y un agente inmobiliario con experiencia en subastas. La colaboración entre expertos minimiza errores, agiliza trámites y optimiza resultados.
Con una metodología rigurosa, un plan claro y el respaldo técnico adecuado, las operaciones en corto pueden convertirse en una estrategia exitosa para diversificar el portfolio y alcanzar altos niveles de rentabilidad.
Referencias
