En un entorno donde cada transacción digital implica un riesgo potencial, la seguridad en el sector financiero se ha convertido en una prioridad crítica. Las amenazas evolucionan rápidamente y afectan tanto a usuarios individuales como a grandes instituciones.
Durante 2025, el sector financiero experimentó una oleada de incidentes cibernéticos. 8,15% de usuarios del sector financiero enfrentaron amenazas online, mientras que más de 1,3 millones de troyanos bancarios fueron detectados a nivel global. Además, el 15,81% de clientes sufrió ataques locales y el 12,8% de las empresas B2B se vio afectado por ransomware.
En Europa, el número de incidentes se duplicó hasta alcanzar 345 eventos, con España posicionándose en el cuarto lugar con 30 grandes ciberataques. Solo Reino Unido, Francia y Alemania registraron cifras superiores. Las brechas de datos crecieron un 73% en el conjunto del continente.
La convergencia de nuevas tecnologías impulsa estrategias de ataque más sofisticadas. La IA avanzada en ciberataques acelera la creación de malware adaptable y facilita campañas de ingeniería social masivas.
Según los expertos, se observa un ransomware mutando a robo de datos como tendencia dominante, con atacantes exfiltrando información y exigiendo extorsiones sin necesidad de cifrar activos. Además, la gestión de identidades y accesos mal configurada abre nuevos vectores de penetración.
La custodia de activos digitales implica el control de claves privadas necesarias para transferir criptomonedas y otros instrumentos basados en DLT. Los custodios mantienen los activos en nombre del usuario, ofreciendo custodia institucional con auditorías regulares para garantizar la propiedad legal y la integridad de la información.
Las entidades financieras tradicionales han ampliado sus servicios para incluir seguros especializados, asesoramiento fiscal y gestión de carteras de criptoactivos. Muchas proponen soluciones mixtas que combinan autocustodia con mecanismos institucionales de respaldo.
La regulación del sector busca equilibrar innovación y protección. En la Unión Europea, MiCA establece requisitos de seguridad y privacidad para proveedores de servicios de criptoactivos. En España, la CNMV publicó un informe detallando avances y riesgos en la integración de activos digitales en febrero de 2026.
Para 2026, se prevé un aumento de auditorías periódicas y mayores exigencias en privacidad y seguridad tanto en la UE como en Estados Unidos.
La seguridad efectiva combina tecnología, procesos y formación. Es esencial integrar la ciberseguridad en la gestión de riesgos, garantizando automatización de fraudes en banca móvil y una defensa en profundidad.
Invertir en formación y concienciación del personal fortalece la primera línea de defensa, reduciendo el riesgo de ingeniería social y accesos no autorizados.
La digitalización del sector financiero presenta grandes oportunidades, pero también desafíos constantes. La clave reside en mantener una vigilancia continua y supervisión humana, anticipándose a las tácticas de los atacantes.
Al adoptar un enfoque proactivo, priorizando riesgos y colaborando con organismos reguladores, las entidades y usuarios pueden proteger sus activos digitales y mantener la confianza en el sistema financiero global.
Referencias
